Esta semana, Puebla enfrenta una crisis que va más allá de la simple recolección de basura. El verdadero foco del colapso es el relleno sanitario de Chiltepeque, un punto neurálgico para la infraestructura metropolitana que quedó parcialmente clausurado por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). La causa: graves problemas de escurrimientos de lixiviados, ese líquido tóxico que produce la descomposición de la basura y que puede contaminar suelos, cultivos, ríos y mantos acuíferos.

El caso de Chiltepeque no surgió de la nada. Vecinos y colectivos ambientales ya habían señalado desde hace meses el riesgo de contaminantes filtrándose hacia zonas agrícolas y cuerpos de agua, incluidos afluentes conectados al Atoyac. Las lluvias de las últimas semanas solo agravaron el problema: más agua implica más lixiviados y más presión sobre un sistema que ya operaba al límite. Por eso la intervención de PROFEPA y la clausura temporal, que sólo se levantará si la empresa concesionaria demuestra que puede gestionar los riesgos ambientales.

Pero la historia no termina ahí. Chiltepeque no solo recibe residuos de Puebla capital, sino de buena parte de la zona conurbada: San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Coronango, Amozoc y Santa Clara Ocoyucan dependen de este sitio. El cierre parcial detonó un efecto dominó: en varios municipios el servicio de recolección se suspendió parcialmente casi de inmediato. Así, un tema ambiental se convierte en una crisis urbana.

Esto exhibe una verdad incómoda sobre la vida en las ciudades modernas: dependemos absolutamente de una infraestructura invisible para salir adelante cada día. La basura que generamos –miles de toneladas diarias solo en la zona metropolitana de Puebla– tiene que ir a algún lado. Cuando el sistema principal falla, todo el esquema tambalea. Los camiones siguen recogiendo residuos, pero si no hay dónde depositarlos, la acumulación se vuelve un riesgo sanitario urgente: fauna nociva, malos olores, contaminación y potenciales focos de infección.

El modelo de rellenos sanitarios concesionados y saturados vuelve a estar bajo la lupa. Muchos de estos espacios fueron diseñados para capacidades muy por debajo de las necesidades actuales. Puebla creció, la basura aumentó y la infraestructura quedó rebasada mucho antes de lo previsto. Además, la tensión no es nueva: desde hace meses, Chiltepeque era motivo de protestas vecinales, denuncias ambientales y reclamos políticos. El debate se polarizó entre partidos: la oposición, particularmente el PAN, lo señala como un fracaso del gobierno; Morena, por su parte, lo minimiza. Pero la realidad es que el problema va más allá de colores políticos y nos afecta a todas las personas que vivimos aquí.

Esta crisis no es la primera señal de alerta: el cierre previo del relleno de Cholula fue un precedente. Ahora, con la clausura de Chiltepeque, la pregunta es cómo responderán las autoridades y la sociedad a un tema que, hasta hoy, preferíamos ignorar.

La lección es clara: no podemos seguir generando basura como si la infraestructura fuera infinita. Dejar de producir residuos y buscar sistemas más sostenibles es urgente. Porque, aunque no pensemos en ello todos los días, las ciudades modernas pueden sobrevivir sin muchas cosas, pero no demasiados días sin saber dónde tirar su basura. Y si el cambio no llega por convicción, puede que las lluvias y las calles llenas de residuos nos lo enseñen de la peor manera.